Wednesday, May 6, 2015

Extorsión en Tránsito llega a cobros de hasta Bs 1.500

Este diario pudo develar una vez más la extorsión de la que son víctimas algunos conductores en dependencias del Organismo Operativo de Tránsito. Ni la Ley de Lucha Contra la Corrupción ni medidas para prevenir estos delitos se aplican a cabalidad, y las prácticas ilícitas son un “secreto a voces” entre algunos policías y sus ocasionales víctimas.

El pasado lunes, un sargento de Policía fue sorprendido en flagrancia por este medio, efectuando el cobro de 700 bolivianos por una multa que, en principio, era de 1.500 bolivianos y que fue rebajando.

La víctima fue acusada de cometer, el pasado viernes, una falta. Su vehículo, desde entonces, estaba retenido en las dependencias policiales. Para obtener el “memorándum de salida” de su motorizado y la devolución de llaves y licencia de conducir, se hizo la transacción irregular en la oficina del jefe de la División de Investigaciones Especiales de Tránsito.

“Si no vas a cancelar, nada se remite a la Fiscalía por conducción peligrosa, y te van a procesar por vía penal. Aparte de eso, te van a suspender tu licencia. No vas a pagar ni un centavo en el juzgado, pero vas a gastar en los abogados. Peor va a ser (...). Lo voy a liberar con 700 (bolivianos). 700 cancela ¿ya? ¿Está bien? (...). Cancela ya de una vez. Vamos a ir a buscar la llave”, dijo el agente durante la extorsión. Sin mostrar normas para aplicar la multa, el sargento aseguró que en la Ley 259 de Seguridad Ciudadana se establece el pago de 500 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda), que significan alrededor de 1.100 bolivianos. Este pago no se establece en ninguna ley. A esto se suma que, ante cualquier infracción, el procedimiento determina la entrega de una papeleta valorada, y su pago debe cumplirse en entidades financieras, no así en dependencias policiales. Esto también evidenció que hay una falta de conocimiento de las normas y procedimientos a seguir ante una falta, contravención o delito. El proceso irregular duró casi 45 minutos desde el primer contacto con el sargento hasta que el agente fue descubierto.

GRUPOS El sargento M. no es el único involucrado, sin embargo, al ser quien recibió el dinero, se convirtió en el autor del delito de corrupción. El asignado al caso fue el suboficial C., quien realizó una prueba de alcohol incumpliendo todo procedimiento legal y omitiendo dar información a la víctima sobre el grado alcohólico y sobre si correspondía al nivel permitido. Directamente, el agente citó a su víctima para el lunes, y le dijo que debía cancelar 1.500 bolivianos. Un pariente de la víctima pidió una rebaja al policía, y este le dijo que vuelvan “para hablar”. Por la tarde no estaba en su oficina, así que mediante el celular dijo que entreguen el dinero al sargento B., otro policía involucrado. Este agente le dijo al familiar que estaba ocupado y que pague al sargento M., lo que demuestra que detrás de este delito hay un grupo de policías.

Tuvieron que pasar cuatro días para que la víctima recupere su motorizado. En ese tiempo sufrió amenazas del sargento M., represalias de otros policías que la amedrentaron para que desista de la denuncia, demora en la devolución de su motorizado con argumentos fuera de norma, entre otras irregularidades. Finalmente, el sargento M. fue llevado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y, horas después, puesto en libertad con el argumento de que no existían pruebas en su contra. Tuvo el tiempo suficiente, ante la falta de una intervención inmediata en este caso de flagrancia, de deshacerse del dinero. El fiscal tuvo conocimiento de que este medio cuenta con las grabaciones de la extorsión y las fotocopias de los billetes entregados al uniformado.

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