David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, afirmó que efectivos de la Policía y unidades militares reciben la mayor cantidad de denuncias por actos de vulneración de derechos humanos.
“Entre los principales sectores vulneradores de los derechos humanos son los operadores de justicia, jueces, fiscales, además de funcionarios policías quienes son los que frecuentemente son denunciados por la población y sus circunstanciales víctimas”, indicó.
Un segundo grupo denunciado son los funcionarios públicos de los municipios de El Alto y miembros de las Fuerzas Armadas en sus diferentes rangos quienes vulneran los derechos humanos no sólo de la población, sino sobre todo de sus subalternos, a quienes les aplican normas rígidas, incluida la detención, como es el caso de los dos suboficiales que por haber demandado descolonización de sus reglamentos internos fueron aprehendidos.
Al menos 714 suboficiales y sargentos fueron sancionados por haber participado de las movilizaciones que surgieron el pasado año cuando se demandó la restructuración de La Ley de las Fuerzas Armadas. Las denuncias también surgen en contra de rangos menores, como soldados y conscriptos quienes constantemente denuncian ser víctimas de agresiones, castigos, ejercicios forzados, incluso la muerte de alguno de ellos bajo el argumento de accidente o suicidio, casos que deben ser investigados, afirmó Inca. Esta instancia, en los próximos días, dará a conocer una resolución, sobre las denuncias recibidas y las recomendaciones realizadas a los diferentes sectores.
CAPACITACIONES
Para reducir los casos de vulneración de los derechos humanos, sobre todo en instancias públicas como las FFAA, la Policía y otras que tienen que tener relación con públicos, el defensor del Pueblo, José Luis Hidalgo, inició, desde hace dos meses, procesos de capacitación en estas instancias.
En la actualidad, el establecimiento privado de las Fuerzas Armadas y el grupo de seguridad y pilotaje del Presidente de estado Evo Morales llega a ser capacitado con el propósito de conocer y aplicar la Constitución Política del Estado (CPE), entre otras normas que garantizan los derechos humanos de la ciudadanía y sobre todo grupos vulnerables como establece la Ley 369 en defensa de los adultos mayores.
Fuera de la capacitación a estas instancias se incluyen los cursos para el Servicio de Registro Cívico (Sereci) y el Servicio General de identificación personal (Segip), con la finalidad de evitar la vulneración de los derechos humanos en estas instancias que permanentemente están en relación con la población.
El proceso de capacitación tendrá como duración entre tres a cinco meses, para luego ser evaluados los resultados observando las mejoras aplicadas en las diferentes atenciones a la población.
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