Dentro el proceso contra dos generales, personal administrativo y de bajo rango de la Policía Nacional, por el presunto desvío de cinco millones de bolivianos y el sobreprecio en la compra de víveres, la juez primero de Instrucción Anticorrupción, Cynthia Delgadillo Aramayo, dispuso ayer la detención domiciliaria del excomandante de la institución, general Luis Enrique Cerruto Miranda, quien se declaró inocente y, a través de su abogado, presentó querella en contra de seis uniformados, entre ellos, el general Hugo Baldivieso, exdirector financiero y responsable del proceso de adjudicación y que se encuentra prófugo.
APELACIONES
La juez Delgadillo otorgó la detención domiciliaria con un custodio, arraigo y fianza económica de 80.000 bolivianos, requisitos calificados como excesivos por la defensa del general Cerruto, que anuncio la apelación del fallo.
En cambio, para la fiscal Liliam Calderón, la medida no es objetiva pues el imputado presentó documentos contradictorios sobre su estado civil y domicilio, tomando en cuenta que Cerruto es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. El Ministerio de Transparencia, sin detallar cuáles son las observaciones jurídicas al proceder de la juez Delgadillo, mediante un comunicado, anunció que apelaría la determinación.
TÉLLEZ Y BALDIVIESO
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, no descartó que el actual comandante de la Policía, general Édgar Téllez, pueda ser citado para declarar y mencionó que fue él quien inició la denuncia. Sin embargo, en el cuaderno de investigación da cuenta que fue Foods Company, la empresa afectada en el proceso de licitación por la venta de harina por 25 millones de bolivianos.
Romero también dio a conocer que el principal sospechoso, general Baldivieso, se encuentra con orden de aprehensión y el hecho de que no se presente, agrava su situación legal.
ANTECEDENTES
En el proceso, sobre irregularidades en la adquisición 83.000 quintales de harina y arroz, para la dotación de los efectivos policiales, existen 15 personas investigadas. Al momento, dos suboficiales están con detención preventiva y otros dos con domiciliaria incluida la asesora personal del general Hugo Baldivieso. Los abogados temen que por presión política, sólo sancionen a los subalternos dejando impunes a los verdaderos responsables exmiembros del Estado Mayor y aseguran que llega hasta autoridades del Poder Ejecutivo.
Segun los datos recabados por EL DIARIO, y a falta de la declaración del general Hugo Baldivieso, se presume que las empresas Orgánica Srl. y Foods Company presentaron un amparo constitucional en contra de la Policía Nacional, luego de que el general Cerruto anulara los contratos que estas se adjudicaron por la venta de los 83.000 quintales, por la suma de 25 millones bolivianos. Los documentos llevan la firma del general Cerruto.
PÓLIZA DE GARANTÍA
Según Jorge Tapia, abogado de Cerruto, el documento original estipulaba que la cancelación total se haría a la entrega del producto, es decir de los 83.000 quintales.
Consultado sobre este detalle, el general Cerruto afirmó que el contrato, que fue suscrito el 6 de abril de este año, fue modificado luego de estampada su firma.
Según los antecedentes de los documentos, la modificación se dio en la cláusula sexta, en la que se añadió la disposición de un pago, adelanto, de un 20 por ciento (Bs 5 MM), mediante la figura de “Póliza de Garantía de Correcta Inversión”.
El documento tiene fecha de expedición el 17 de abril mientras que el contrato fue suscrito 11 días antes. Cerruto aseguró que su camarada Baldivieso era el responsable de todo ese proceso.
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