Ante la detención preventiva de un instructor del Grupo Civil de Apoyo a la Policía (Gacip) en grado de cabo acusado de violación, el representante de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) de Cochabamba, José Cáceres, sugirió al Comando Departamental una mejor selección del perfil del personal policial que trabaje en espacios de formación con la población.
“Creo que los directores de personal y el mismo Comando debe cualificar a las personas para enviar a algún lugar, tenemos oficiales y suboficiales que pueden cumplir esa labor (…) Todo pasa porque se escoja al personal”, aseveró Cáceres.
Asimismo, el representante del Defensor del Pueblo, Andrés Cuevas, expresó su preocupación ante la falta de atención al pedido de suspensión del programa para que el proceso de investigación no se contamine. “Nosotros consideramos que la Policía tendría que estar sometida a un proceso de transformación, pero siempre y cuando sea iniciativa de ellos. La Policía tendría que empezar a hablar de prevención dentro la institución, tendría que buscar la sensibilización de los servidores públicos”, indicó Cuevas.
Este medio intentó conversar con el Comandante Departamental, sin embargo, prefirió no referirse al tema. Respecto a la cuestionante de la admisión de menores de edad en el Gacip, Cáceres explicó que la Ley de Seguridad Ciudadana no establece con claridad desde qué edad deberían ser voluntarios. Cuevas manifestó que este tipo de trabajo expone a los voluntarios a que algo malo les pase sin la preparación adecuada.
Entre tanto, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado trabaja en concretizar sesiones de apoyo psicológico a la víctima (17) con un grupo multidisciplinario, sin descartar el trabajo con toda la familia, a fin de que sigan con sus tareas diarias sin problemas.
Voluntario da su versión
Uno de los voluntarios del Gacip que defiende al instructor, Luis D. Rojas, acusado de violación indicó que la denuncia es una respuesta a intereses de terceros por posibles “investigaciones delicadas” que el uniformado estaría realizando.
Dijo que se “sentenció sin las suficientes pruebas” a su compañero, por lo que pidió que se realice una investigación “a fondo” del tema “porque hay personas decididas a cerrar la institución”.
Sin embargo, uno de los abogados de la víctima, Glibber Salinas, dijo que se trata de una “campaña para desprestigiar a la víctima porque si fuera una extorsión obviamente se hubiera llegado a una solución hace mucho tiempo”, sostuvo.
Se prevé que hoy la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi) presente la acusación contra Rojas por tratarse de una falta de connotación social.
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