Tuesday, December 29, 2015

Policía inicia nueva investigación contra exjefe de Inteligencia

La Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi) abrió una investigación contra el exjefe de Inteligencia, Erick Gómez, quien supuestamente montó al menos un operativo con el exfiscal Humberto Quispe para obtener beneficios personales.

Gómez es procesado penalmente por una acción contra la abogada Carmiña Luna cometida en noviembre de 2012. En ese entonces él era jefe del Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) y según la denuncia planeó enviar a Luna a prisión para quedarse con su departamento en la zona de San Pedro.

La abogada fue a la cárcel acusada de falsificar documentos. Pero después se descubrió que entre las pruebas halladas en su oficina, utilizadas en su contra, había documentos que antes fueron robados por un trabajador de Gómez y que los pusieron allí a propósito.

Además se supo que Quispe, quien comandó el operativo, no era el fiscal asignado al GICE en ese momento.
En una anterior oportunidad Gómez negó los cargos en su contra y dijo que nunca antes había visto a Luna ni sabía algo del departamento en San Pedro.

Después de su aprehensión en octubre y su traslado a la cárcel de Patacamaya imputado por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, el director de la Didipi, Armando Cuéllar, pidió a la Fiscalía documentación sobre el proceso contra el capitán para que se dé inicio a una nueva investigación.

"Con la finalidad de acumular los antecedentes y acreditar la situación jurídica de dicho funcionario solicito fotocopias del mandamiento de aprehensión e imputación del capitán Gómez”, escribió Cuéllar.

Luna ya fue citada el 24 de diciembre para declarar como testigo en el caso abierto contra Gómez por "presuntas faltas inmersas en la Ley 101, de Régimen Disciplinario de la Policía”.

Sin embargo, ya a principios de 2013 había una investigación en la Didipi contra Gómez por el mismo caso, la cual fue suspendida por el motín policial de 2012 que terminó con la paralización de la Ley 101 y la quema de archivos de esta dirección policial.

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