Hay una serie de cuestionamientos por el manejo de la administración de bienes incautados producto del narcotráfico. Por ello, analistas políticos y parlamentarias de la oposición, dudan del trabajo que realiza la Dirección de Registro Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).
Incluso coinciden de que si esta institución dependiente del Ministerio de Gobierno no cumple su labor, lo mejor es que cierre sus puertas y que sea el Poder Judicial el depositario tanto de vehículos, muebles e inmuebles.
Las incautaciones son un misterio. El periodista y experto en el análisis político y social, Humberto Vacaflor, dijo que las incautaciones son un misterio.
“Ocurre que cuando hallan droga, nunca encuentran a los narcotraficantes, ni tampoco dinero y los bienes que incautan se supone que se lo entregan a alguna autoridad, pero tampoco de ello hay un informe”, afirmó Vacaflor.
Mencionó que si bien se hacen algunas donaciones a hogares de niños, asilos de ancianos y otros centros de beneficencia, pero también reciben sindicatos afines al partido de Gobierno.
Por ello, sugiere una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado a Dircabi, para que revise las incautaciones y se determine qué uso se les ha dado a esos activos en custodia.
Además, considera que se debe aclarar de manera transparente, quiénes son los responsables de recepcionar esos bienes en custodia y en qué estado se encuentran, pero eso nunca sucede, por lo que genera susceptibilidades e incertidumbres.
Autoridades hacen mal uso de los bienes. El politólogo, Edgar Omar Méndez, sostuvo que Dircabi en varias oportunidades ha mostrado falencias, ya que muchas veces se sorprende a las autoridades haciendo mal uso de los bienes incautados.
Méndez argumenta de que no hay transparencia institucional porque se hace el decomiso, se incautan los bienes producto de la Ley 1008 (antidroga) y pasa a dependencia de Dircabi, pero que se desconoce la utilización de los mismos. Lamentó que hay muchos vehículos que se encuentran desmantelados y no hay un control al respecto.
Aclaró que la problemática con Dircabi no es solamente con el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino que el uso discrecional también viene de los anteriores gobiernos de los partidos tradicionales.
El experto sostiene que es importante la información con actualización permanente en la página web de Dircabi, sobre el trabajo realizado y que mantengan los valores reales de los bienes decomisados.
Sin control en la administración. En esa línea, el politólogo, Jimmy Frías, lamentó que no hay control en la administración de los bienes a su cargo.
“Desde el momento en que se empezó a incautar grandes cantidades de dinero a las mayores organizaciones de narcotraficantes, Dircabi se convirtió en una oficina que muchos deseaban administrar”, comentó.
Frías explicó que una de las causas de la discrecionalidad en el manejo en la Dirección de Bienes Incautados, es porque carecían de un reglamento específico y se volvieron depositarios de elementos abstractos.
Tomó como ejemplo la administración de una estancia con mil cabezas de ganado, sin tomar en cuenta que en esa propiedad también había caballos, vehículos y tractores, que no estaban registrados en la entrega a los depositarios de esos bienes.
Por ello, el experto considera que antes de la entrega a Dircabi de bienes incautados a supuestos narcos, se debe hacer una declaración jurada seria y ponerlo a conocimiento de la población, para evitar que se proceda al uso discrecional.
Selección responsable de sus funcionarios. Para el analista político Moisés Palachay, los funcionarios de la administración de Dircabi, deben ser producto de una adecuada selección.
Palachay dijo que es una necesidad el manejo transparente de los bienes incautados y evitar el uso discrecional por el partido político de turno.
Citó el caso del norteamericano Jacob Ostreicher, que terminó con la sentencia a un exdirector de Dircabi.
Palachay resalta que debe existir un control social y un seguimiento riguroso en la administración de los bienes incautados, para que sean destinados a una función social y no para beneficios particulares de algunos.
Muchos activos entregados a organizaciones sociales. La jefa de bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Cámara de Diputados, Lourdes Millares, aseveró que muchos de los activos que pasaron a Dircabi, fueron entregados a las organizaciones afines al MAS.
Dijo que referente a lo que dispone la Ley 1008 (antinarcóticos), los bienes deben ser transferidos para la rehabilitación de los narcodependientes, pero Dircabi incumple con la norma.
Denunció que la institución encargada de la custodia, ha ido entregando de manera sistemática a los movimientos sociales, como una especie de soborno, como es el caso de los vehículos que pasan a manos de la Conalcam.
Ante estas irregularidades, la parlamentaria opositora se comprometió presentar una solicitud de informe al presidente Evo Morales, para preguntarle qué sucedió con el manejo de los bienes por Dircabi en los últimos 10 años.
La diputada Millares dijo que quieren saber la cantidad de vehículos incautados, el destino que se les dio y cómo se maneja esta institución dependiente del Ministerio de Gobierno.
Debe ser privatizada. Asimismo, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, sugiere que Dircabi sea privatizada. “Ya se estableció en la anterior legislatura entregar la administración de la institución a los privados ante la ineficacia, negligencia y mala administración de los bienes incautados”, aclaró.
Piérola dijo que esta entidad estatal jamás ha entregado un informe ante la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Indicó que como parlamentaria ya interpeló al ministro de Gobierno, porque depende de su persona la administración de Dircabi y también una solicitud escrita al viceministro de Gobierno, pero nunca respondieron.
Lamentó que los bienes incautados hayan tenido uso discrecional, derivando a los sectores sociales afines al MAS e instituciones públicas.
Por ello, hay el compromiso de la legisladora opositora, de emplazar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, que brinde un informe sobre el manejo de bienes y recursos en Dircabi.
El informe de Dircabi. En enero pasado, la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) determinó que tiene 1.577 bienes incautados a narcotraficantes en todo el país, con un inventario que comenzó a elaborar en 2012 y que culminó el año pasado, según informó en enero de este año la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).
Según declaró entonces el jefe nacional de operaciones, Gabriel Moreno, unos 300 bienes inmuebles está ubicados en La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
Además, contaban entonces con 916 vehículos en depósitos de Dircabi en Tarija, Pando y Santa Cruz, de acuerdo a los datos dados por Moreno a la agencia ABI.
Entonces, además, tenían 76 avionetas incautadas, pero cabe recordar que en los últimos meses se han desplegado megaoperativos en Beni con el saldo de varias avionetas secuestradas.
"Las incautaciones son un misterio, porque cuando hallan droga, dinero y los bienes que incautan se supone que lo entregan a alguna autoridad, pero de ello tampoco hay un informe'.
Humberto Vacaflor
Periodista y analista
"Dircabi en varias oportunidades ha mostrado falencias, ya que muchas veces se sorprende a las autoridades haciendo mal uso de los bienes públicos'.
Edgar Omar Méndez
Analista político
"Desde que se empezó a incautar grandes cantidades de dinero a narcotraficantes, Dircabi se convirtió en una oficina que muchos deseaban administrar'.
Jimmy Frías
Analista político
Punto de vista
Nicolás Ribera
Ex Vicepresidente Cívico
"Es parte de la repartija de la cosa pública'
"La Dirección de Registro Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), como cualquier otra repartición pública, está al servicio de los intereses de quienes la administran. No es que no existan normas de lo que debería ocurrir y de quienes deberían beneficiarse de esas actividades que desarrolla el Estado, pero se supone un combate al delito. Sin embargo, eso forma parte de la repartija de la cosa pública y de la desinstitucionalización del Estado, en que las actividades lícitas de los oficios conocidos, se criminaliza para favorecer el ejercicio ilegal de la actividad.
No se explica por qué se entrega patrimonio público sin la evaluación permanente de los activos.
Por ejemplo, tengo entendido que algún municipio del departamento de Santa Cruz, ha desmantelado todos los bienes y no pasa nada.
Al parecer, este tipo de situaciones parece una constante a la regla general, porque no se cumple de manera regular la distribución de esos recursos y cómo se los usa.
Lo que muestra el grado de descomposición extrema en el que se encuentra la institucionalidad estatal. Hay una predisposición de meterle nomás y después se verá cómo se arregla el asunto.
Al parecer esta irregularidad es algo transversal a todo lo que se hace y la Dircabi no escapa a ese tipo de arbitrariedades que está acostumbrado el Gobierno".
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